La directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), Laura Hernández Román, calificó este lunes como inicua, mezquina y mal intencionada la acusación en su contra depositada en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa por el presidente del Colegio de Abogados por supuesta prevaricación y coalición de funcionarios.
La funcionaria dijo que la acusación de Miguel Surún Hernández obedece a una trama fabricada para sustentar sus ambiciones personales.
Apuntó que en su gestión al frente de la Defensoría pública no ha habido prevaricación, ni manejo irregular de fondos del Estado.
“La Defensa Pública no maneja, en ninguna cuenta de la institución, un centavo, todo se paga a proveedores debidamente con su proceso de acuerdo a la Ley de Compras y Contrataciones, cayendo en la categoría que caiga y todo para por la Contraloría General de la República y Tesorería, que es la única que hace cualquier pago”, expresó.
La funcionaria también defendió la legalidad de su nombramiento en el año 2012 por un período de seis años, el cual ya concluyó.
“La reelección fue decidida mediante resolución 1-2012 firmada y aprobada a unanimidad por todos los miembros del Consejo nacional de la Defensa Pública presentes en esa reunión, incluido el presidente del Colegio de Abogados”, sostuvo Hernández Román.
La funcionaria habló durante una rueda de prensa y estaba acompañada de una representante de la firma de abogados Medina Garrigó, quien contempla la posibilidad de accionar legalmente contra Surún Hernández.
“Sin embargo, es lamentable e inexcusable, como decía la directora hace un minito, que el presidente del Colegio de Abogados no conózcala la ley, la misma ley que está citando, que se haya limitado a llegar al Artículo 20 y no hay visto más abajo, en el 88, lo que dice para saber cuál es el órgano que designa”, indicó la representante de la firma de abogados.
El presidente del Colegio de Abogados pide también una investigación por el supuesto manejo irregular de más de 3 mil millones de pesos en la Defensoría Pública.