El dinero para financiar las operaciones ilícitas de transporte de estupefacientes, era enviado a Colombia, por los imputados dominicanos Rafael Ynoa Santana, (a) Felo, El Cojo e Isidoro Rotestan Clase, a través de casas de cambio apostadas en las ciudades de Bogotá y Medellín, indica el expediente de más de 270 páginas elaborado por el Ministerio Público contra la supuesta red de narcotráfico desmantelada mediante la Operación Búfalo NK.
El Ministerio Publico depositó ayer la solicitud de medida de coerción contra un grupo de diez alegados narcos, que hace aproximadamente cinco años, movían sustancias prohibidas por el mar Caribe y el Océano Atlántico y en vuelos comerciales desde y hacia Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, España y Europa, entre otros puntos del mundo.
El documento detalla que, otro de los señalados, Juan Carlos López Macías (a) «Sobrino o El Grande», supuesto cabecilla en Colombia, delegaba en uno sus colaboradores el nombrado Mauricio (a) Flafla, para que reclamara el efectivo y se lo entregara.
«Dinero que generalmente era transportado por el mismo narcotraficante colombiano, en vehículos acondicionados con «caletas» para, de esta manera, pasar desapercibido ante cualquier evento de registro en los puestos de control de las autoridades policiales», señala la acusación.
Este dinero que posteriormente Juan Carlos López Macías (a) «Sobrino o El Grande», consignaba o giraba a sus diferentes colaboradores, entre ellos a sujetos identificados como alias carro azul, alias Omar o Morgan o Sebastián, alias Comando o el Poli, alias Niche, alias René o negrillo, utilizando a terceras personas para que realizaran los respectivos giros, valores con los cuales se cubrían los gastos que demandaba la consecución y transporte de la sustancia estupefaciente, hasta el lugar de envío, el sector de Bahía Honda en la Alta Guajira, Colombia.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, esta presunta organización criminal se dedicaba al narcotráfico internacional de sustancias contraladas, tráfico de armas y al lavado de activos y estaba integrada por nacionales colombianos, dominicanos y venezolanos.
La referida estructura criminal movilizaba grandes cargamentos de drogas en lanchas rápidas y barcos pesqueros.
Para su captura intervinieron la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con la colaboración internacional de la agencia estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA) y el Comando Sur estadounidense.