Los casos de supuesta corrupción administrativa que ha sometido el Ministerio Público a los tribunales habrían generado una pérdida para el Estado dominicano que supera los 15,000 millones de pesos, conforme las estimaciones que hacen los investigadores. Sin embargo, los abogados contratados por el Poder Ejecutivo para recuperar los recursos sustraídos se proponen reclamar una indemnización de unos 40 mil millones, por los daños y perjuicios causados al erario.
De comprobarse los delitos que señala el Ministerio Público, en solo cinco de esos casos, el Estado ha perdido unos 15,500 millones de pesos, en las operaciones Antipulpo, Coral, Coral 5G, 13 y Medusa.
El Equipo de Recuperación de Patrimonio Público, que encabeza Jorge Luis Polanco Rodríguez, “busca recuperar bienes, valores y activos propiedad del Estado en manos de terceros por apropiación ilegítima o bajo cualquier título o medio operativo”.
Desde el caso Antipulpo, primero que instrumentó la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) luego de la designación en 2020 de Miriam Germán Brito como procuradora general de la República, son varios los expedientes que describen presuntos entramados para estafar el patrimonio público. Soborno, falsificación de documentos, lavado de activos y colación de funcionarios están entre las maniobras que se atribuyen a los encartados.
Actualmente, el Ministerio Público tiene abierta una investigación por supuestas irregularidades en el Ministerio de Hacienda que se habrían cometido en la gestión de Donald Guerrero. De acuerdo a documentos de la investigación, dicho fraude ascendería a unos 17,000 millones de pesos.