POR ROSMERYS DE LEON
El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, entregó este martes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a fines de que sean investigados, tres expedientes sobre irregularidades encontradas en los procesos de compras de dos instituciones del Estado, donde alegadamente había confabulación entre proveedores y funcionarios.
“Presumimos que en esa institución (el Plan Social) durante un tiempo considerable funcionó una estructura de proveedores, de funcionarios de esa institución que a través de las constataciones públicas se agenciaban recursos y beneficios de manera ilícita”, sostuvo Pimentel.
Indicó que estas acciones de traducen en un mayor gasto para la entidad contratante en términos de precios, teniendo como única explicación vínculos o acuerdos ente funcionarios y proveedores del Estado.
Los otros dos expedientes están relacionados al INAIPI, aquí, detalló el funcionario, también había un entramado que buscaba favorecer a proveedores y a funcionarios de manera ilegal.
Uno de los expedientes se refiere a que, en el 2016, esa institución incurrió en violaciones a los procedimientos de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, a través de procedimientos de urgencia de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado unos RD$208.05 millones.
Pimentel explicó que una autoría practicada por la Cámara de Cuentas reveló que estos pagos se hicieron por concepto de equipos computacionales y de comunicaciones, materiales y suministros, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.
El otro expediente tiene que ver con irregularidades detectadas en un proceso de compras que data de 2018 para el suministro y distribución de la leche del desayuno escolar a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel nacional.
El funcionario afirmó que INAIPI adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionados entre sí por montos que superan los RD$60,000,000 con el argumento de que se había sido un proceso transparente en el que las compañías cumplieron con los requerimientos debidos.