Según las denuncias de un abogado y grupos comunitarios, en el munpicio Villa Vásquez, en Montecristi, operan 36 puntos de ventas de drogas visibles que cuentan con la supuesta complicidad de las autoridades.
En contraposición a esta situación, lo que nos preguntamos es por qué esa fiscal no va atacar los puntos de drogas visibles, 36 en total y ella los conoce y sabe dónde están y nunca ha ido a intervenirlos”, expresó el abogado Elbis Muñoz Sosa.
La denuncia sale a relucir a raíz del escándalo que involucra a la renunciante fiscal adjunta Carmen Lisset Núñez, a siete integrantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) acusados de plantar estupefacientes a jóvenes con la finalidad de extorsionarlos.
Informó que recientemente, un hombre resultó herido a cuchilladas en uno de esos puntos de ventas de drogas. La denuncia de colocar estupefacientes a personas, algunos dirigentes populares y comunitarios para hacerles daño, no es exclusivo de Villa Vásquez.
El dirigente del movimiento Los Peregrinos de Moca, Juan Comprés, recuerda que el 3 de mayo del 2017, él fue víctima de esa mala práctica, tras plantarle 52 porciones de cocaína en su vehículo.
Al igual que en el caso de Villa Vásquez, la presencia de cámaras de vigilancia en una estación de combustibles, logró desmontar la trama en contra de Comprés, quien tuvo que agotar un largo proceso judicial para poder demostrar su inocencia. En esa ocasión, los acusados fueron agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Antinarcóticos (DICAN).
“De lo que está pasado a muchos jóvenes en mi país, la culpa latiene el procurador por no tomar sanciones en contra de los que se dedican a esta dañina práctica”, dice Comprés.
El dirigente de los derechos humanos, Virgilio Almánzar, quien estuvo en esta zona de Santiago, cuestionó el accionar de la DNCD y del ministerio público y recordó que esa práctica es vieja y debe ser superada.
De su lado, Jamil Cortés, un productor agrícola y dueño de una factoría de arroz en el municipio de Castañuelas, en Montecristi, denunció que entre los años 2015 y 2016, Núñez le allanó una finca tres veces sin contar con una orden de un juez.
POR PONCE DE LEON