SANTO DOMINGO. Unos 50 abogados, entre ellos directivos de seccionales provinciales y el excandidato a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) presentaron una demanda por acto de alguacil en la intiman a las autoridades de ese gremio a que acaten las normas legales, estatutarias y de transparencia que rigen a esa entidad de profesionales del Derecho.
En una comunicación de prensa, Enrique García, excandidato a la presidencia del CARD y quien ofrece los detalles de la demanda, afirma que los abogados estarán en los próximos días impulsando acciones legales y judiciales que permitan llevar al gremio a su legalidad, mediante la presentación de otras demandas en los tribunales, con las cuales procurarán inmovilizar los fondos de la institución.
Detalló que solicitarán la suspensión provisional de las autoridades del CARD en el ejercicio de sus funciones y la inmediata designación de un administrador o administradora judicial, hasta tanto se determine la situación financiera y patrimonial real de la entidad que agrupa a las y los profesionales del Derecho de la República Dominicana, “y de cuyos resultados pudieran derivarse acciones disciplinarias, civiles y penales en contra de las personas que resultaren responsables de las faltas e infracciones comprobadas”.
La solicitud demanda información institucional relativa a presupuestos aprobados y ejecutados desde 2016 a la fecha, actas de las reuniones celebradas por sus órganos ejecutivos y de dirección con facultades deliberativas.
Requieren además información detallada sobre los programas, cursos y talleres realizados desde enero de 2016 hasta la fecha; llamados a licitaciones, concursos y compras; nóminas de funcionarios y empleados, sus cargos, funciones y remuneraciones.
En el comunicado, afirman que el presidente del Colegio, Miguel Surún Hernández, “ha irrespetado la solemnidad y violentado la legalidad de la jurisdicción disciplinaria” del gremio, mediante la suplantación del fiscal y jueces electos en Asamblea General Electoral, para lo cual. Además, aseguran, “ha designado arbitraria e ilegalmente a personas allegadas a su entorno personal y creado sin respaldo estatutario la figura del juez suplente con el objetivo de influir, controlar, concentrar y ejercer poder sobre el proceso y los casos que conoce el tribunal disciplinario”.