El próximo ministro de interior y policía del gobierno que encabezará Luis Abinader a partir del 16 de agosto, vivió en los años 2018 y 2019 uno de los capítulos más amargos de su vida pública: fue sometido a la justicia por los sobornos pagados por Odebrecht en el país sin haber sido mencionado en las delaciones de los ejecutivos de la multinacional y sin conocer que lo habían incluido en la investigación inicial del caso.
Jesús –Chú- Vásquez Martínez, el único descargado por el caso por el que fueron enviados a juicio otras seis personas, fue acusado por la Procuraduría General de la República por supuestamente haber recibido cheques por RD$2,169,000 en nombre de la pareja y un hijo suyo de la empresa Arma, propiedad de Ángel Rondón Rijo. Sin embargo, durante la audiencia preliminar, demostró que además de senador es empresario agrícola y ganadero desde el año 1975, que no solo recibió esos cheques de Rondón, sino otros más, pero no por concepto de soborno sino como pago por compra de ganado.
POR HOGLA ENECIA PEREZ
Chú- Vásquez Martínez, mostró al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, que no solo recibió cheques de Ángel Rondón en el año 2009 por concepto de venta de ganado, sino también de otros empresarios. Su defensa, presentó microfilms de cheques correspondientes a los años 2008 y 2009 que le fueron pagados por diferentes personas por concepto de venta de ganado o leche, los cuales también estaban en poder de la Procuraduría General de la República.
En ese sentido, Ortega Polanco dictó un auto de No Ha Lugar en su favor debido a que no fue mencionado por ninguno de los ejecutivos de Odebrecht en las delaciones premiadas que sirvieron de base para que la Procuraduría sometiera a funcionarios, exfuncionarios y senadores por los 92 millones de dólares pagados en soborno en República Dominicana.
Contrario a los otros coimputados del caso Odebrecht, Vásquez no participó de la etapa preparatoria del proceso, sino que fue sometido a la justicia al momento del depositó de la acusación formal. Esta acción fue calificada por sus abogados como una violación de su derecho de defensa y del debido proceso de ley.