Además del hacinamiento, sobrepoblación, condiciones deplorables de los centros penitenciarios de la República Dominicana, se suma un factor preocupante; los pacientes diagnosticados con VIH van en aumento.
De acuerdo al informe sobre las condiciones de detención y carcelarias presentada ayer por la Oficina Nacional de la Defensa Pública, en un año, las personas que viven con VIH pasaron de 387 a 431, lo que representa un incremento de un 10% y plantea diversas preguntas respecto a este tema, sobre todo en lo relativo al ingreso de trabajadoras sexuales a los penales.
“Existe como principal patología en los distintos centros de privación de libertad del país la hipertensión arterial con 1,569 afectados, seguido de la diabetes con 726, enfermedades mentales con un número preocupante de 508, y el VIH con 431 infectados, esta última cifra llama a reflexionar sobre lo permisivos que son (dan) los centros tradicionales para permitir el ingreso de trabajadoras sexuales”, refiere la atención la Defensa Pública respecto al tema.
En tal sentido, recomendó implementar un seguimiento médico especializado para los internos con condiciones de salud como son: diabetes, hipertensión, VIH, asma, tuberculosis y enfermedades mentales, asegurando que reciban la medicación y el tratamiento adecuados y que la mayoría de los privados de libertad no tienen acceso a tratamiento o a medicamentos generales, mucho menos, los necesarios para atender enfermedades como la diabetes o los que necesiten medicamentos de uso contralado para patologías mentales.
Enfatiza que es imprescindible habilitar y adecuar las áreas médicas en los centros de privación de libertad, incluyendo la instalación de laboratorios para pruebas analíticas y áreas de odontología, asegurando el suministro adecuado de medicamentos e instrumentos.
El director de la Oficina Nacional de Defensa Publica, Rodolfo Valentín Santos, insta a las autoridades a abordar urgentemente estas condiciones inhumanas, asegurando el cumplimiento de los derechos básicos de los privados de libertad según los estándares internacionales de derechos humanos.
Valentín Santos, enfatiza la necesidad de que la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud Pública, el Poder Judicial y otras entidades involucradas asuman su responsabilidad en la protección de los derechos de los privados de libertad, garantizando un entorno que favorezca su rehabilitación y reinserción social.