Tras concluir la presentación de la solicitud de medida de coerción del Caso Falcón, el Ministerio Público considero que la puesta en libertad de los imputados implicaría un “grave obstáculo para la investigación” que realiza.
Para el equipo de fiscales que lleva el caso, esto sería así debido a que “existen los elementos razonables que nos llevan a establecer que los encartados, una vez puestos en libertad, utilizarán los medios para obstaculizar la investigación”.
La supuesta red desmantelada por varias entidades, incluyendo la DNCD, la DEA y el Ministerio Público, está acusada de lavado de activos procedentes del narcotráfico, tráfico de drogas, asociación de malhechores, entre otros ilícitos contra el Estado dominicano.
En el expediente se afirmó que estaban actuando desde antes de 2017.
En su pedido de medida de coerción,ya concluido, el MP reafirmó la “contundencia” de las pruebas aportadas al tribunal y pidió la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra todos los imputados, “para evitar que evadan la persecución penal en un expediente que tiene varios prófugos”.
Los fiscales indicaron a la red se le ocuparon más de 7 millones de dólares en efectivo, en diferentes allanamientos, armas de guerra, vehículos blindados y relojes de lujo, entre otros bienes muebles e inmuebles.
Además, señalaron que al imputado Raúl Antonio Castro Mota se suma el cargo de violación a la Ley para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, “por habérsele encontrado, al momento de su apresamiento, un arsenal que incluye armas solo utilizadas por organismos de seguridad”.