María Altagracia Liz y Rafael Fernando Moronta, abuelos del imputado
POR JOSE ZAPATA
La Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología apresó al presunto cabecilla de una red que, para estafar con más de 18.4 millones de pesos al Estado, usó las identidades de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno «Comer es Primero» y «Quédate en Casa», destinados como alivio económico a ciudadanos de escasos recursos, en su mayoría con más de 65 años de edad.
El detenido es José Antonio Santana Moronta, a quien se le conocerá medidas de coerción en las próximas horas y, según el Ministerio Público, este habría usado el colmado Moronta de su propiedad, para realizar las operaciones ilícitas del grupo delictivo.
Los fiscales, junto a miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, realizaron el allanamiento en el colmado Moronta, en la calle Saturnino Peguero, del paraje Platanal Adentro, sección Hatillo, San Lorenzo del distrito municipal La Canela, allí ocuparon unos 1,500 comprobantes de transacciones a nombre del referido colmado por concepto de los subsidios sustraídos a las víctimas.
La investigación, que duró varios meses, fue realizada por el Departamento de Falsificaciones e Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Santiago y se pudo determinar que el imputado usó su colmado para sustraer fondos de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), mediante duplicados de tarjetas electrónicas.
Según la Fiscalía de Santiago, el detenido se valió de su condición de miembro de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa por un valor de RD$18,445,182.66 pesos, en perjuicio del Estado y los miles de beneficiarios.
Alerta por transacciones sospechosas
Las operaciones fraudulentas se realizaban, en su mayoría, en horas de la noche y la madrugada, lo que generó una alerta en la institución financiera que identificó desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2020, la cantidad de 58,738 transacciones.
La investigación reseña que 25 personas identificadas aseguraron que nunca habían comprado en el establecimiento propiedad del imputado, desde donde se realizaron las transacciones fraudulentas.