SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República (PGR) calificó como “un hito en la lucha contra la corrupción”, la sentencia número 060-2018-SRPE-00195-A, emitida el pasado 20 de septiembre, mediante la cual se condenó a la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) al pago de US$7 millones 40 mil dólares a favor del Estado dominicano.
La información está contenida en un comunicado de prensa difundido por la Procuraduría General de la República (PGR), en el que recuerda que esta condena a Embraer es la sanción económica máxima que para el delito de soborno establece la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
Esta decisión judicial se obtuvo luego del Ministerio Público lograr que la compañía Embraer admitiera en el país su culpabilidad por el pago de poco más de 3.5 millones de dólares en sobornos para la adquisición de ocho aviones Súper Tucano, en el año 2009.
En una nota de prensa, explicó que esta sentencia fue posible gracias a la aplicación de un juicio penal abreviado, luego de que el pasado 30 de agosto la jueza Yanibet Rivas, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó el acuerdo suscrito para tales fines.
La PGR informó que acorde a las normas de transparencia por las que se rige, ha divulgado en forma íntegra tanto este acuerdo que se lleva a cabo aplicando los artículos 363 y 368 del Código Procesal Penal Dominicano, así como también la citada sentencia, documentos que indicó, están disponibles en su portal www.pgr.gob.do.
Informó que como parte del acuerdo, la empresa Embraer, de conformidad con el plazo previsto, entregará al Ministerio Público más de cuatro mil piezas documentales, que se encuentran en proceso de apostillado, las cuales contienen información sobre los sobornos que admitió haber pagado para lograr concretar la venta de las aeronaves.
Reiteró que con la aplicación de este juicio penal abreviado, no fue necesario llevar un largo proceso judicial, que pudo haber conllevado años de litigios y cientos de reenvíos de audiencias para que el Estado obtuviera ganancia en un proceso judicial por delitos contra el patrimonio público, representando ello un ahorro de recursos económicos para los contribuyentes, además de eficiencia en la administración del sistema de justicia.