POR WANDER SANTANA
Los altos oficiales acusados en el caso Coral y Coral 5G se escudaron en una “cláusula de confidencialidad” para financiar presuntas operaciones de inteligencia y de seguridad nacional, que les facilitó la sustracción de una gran parte de los 4,500 millones de pesos de las arcas del Estado, dice el Ministerio Público.
“Los miembros del entramado crearon una cláusula de confidencialidad, estableciendo que: con relación a operaciones de inteligencia y operaciones de inteligencia internacional no podían dar detalles ni generar soportes, puesto que eran asuntos de seguridad y defensa nacional”, menciona el expediente acusatorio.
En el documento la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) argumenta que esto no era más que una artimaña de los integrantes de la red para resguardarse en funciones que no les competen ni al Cuerpo de Seguridad Presencial (Cusep) ni al Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).
Este fue el monto defraudado al Estado por los imputados del caso Coral y Coral 5G, según la Pepca.
También mencionan que mediante esa maniobra, los acusados “evitaban tener una supervisión y fiscalización del manejo de dichos fondos. Olvidando que todos los fondos del Estado deben y tienen que ser auditados”.
Pero lejos de realizar labores de inteligencia, esos fondos eran utilizados de forma discrecional y en beneficio tanto de los generales, así como por los demás miembros del entramado, quienes habrían aumentaron de manera injustificada su patrimonio, señala la Pepca en su acusación.