SANTIAGO.-Aunque valoran como un avance el cambio de la medida de coerción que elimina el grillete electrónico, los abogados de Fernando Rosa apelarán la medida que lo mantiene privado de libertad durante 32 meses y 5 días.
Los licenciados Emery Colombi Rodríguez y Gabriel Brugal, explicaron que es un avance de alguna forma positiva que el Tribunal haya acogido modificar la medida y eliminar el grillete electrónico, sin embargo apelarán la decisión de la Juez de la Corte, pues todavía el arresto domiciliario sigue siendo una medida a este momento procesal, desproporcional, porque ya no hay ningún peligro de obstruir investigación.
Explicaron que ya no hay ninguna posibilidad de modificar lo presentado por el Ministerio Público y hay un impedimento de salida y una garantía económica que puede sustentar la presentación del señor Fernando a todos los actos del proceso.
La licenciada Emery Colombi Rodríguez, explicò que el segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conoció, a solicitud de los abogados del señor Fernando Rosa, la revisión de la medida de coerción que fue impuesta por el juez de la instrucción en el cese de la medida de coerción en agosto del año 2022.
“Esta revisión de la medida, que solicitamos, tenía como objetivo que a Fernando Rosa se le eliminaran y flexibilizaron algunas medidas de coerción. A saber que al Juez que varió la prisión preventiva, que el Señor Fernando Rosa estuvo durante 21 meses en la cárcel pùblica de Najayo fue variada en un cese en agosto del 2022, por arresto domiciliario, grillete electrónico y garantía económica con 30 millones de pesos con aseguradora e impedimento de salida”, puntualizò.
La jurista dijo que lo que motivó a solicitar la revisión de la medida de Fernando Rosa es : 1) a la fecha Rosa, tiene privado de su libertad 32 meses y 5 dìas, y decimos 32 y 5 dìas, porque estar privado de la libertad en Najayo y estar restringido de libertad en su casa, para los efectos de la movilidad, productividad y la interacción de la persona, es exactamente la misma, porque estando en prisión o en su residencia la persona no puede proveerse, ni trabajar.