POR YOMAIRA DEL ROSARIO
A 30 años de prisión de manera simbólica, fueron condenados varios dirigentes políticos de la gestión de gobierno pasado, acusados de haber propiciado la quiebra en las finanzas públicas de Monseñor Nouel, mientras se le ordenó devolver los recursos supuestamente sustraídos irregularmente.
Se trata de una alegoría al reclamo social de justicia contra la corrupción, que han acuñado los movimientos sociales Marcha Verde y el Comité de Defensa de Monseñor Nouel.
Estos colectivos, junto a sus representantes en distintas provincias del país, se manifestaron al pie del Monumento a los Héroes de Bonao, en la calle que honra a la líder campesina Aniana Vargas.
Llevando toga y birrete, el activista Pablo Martínez dictó y motivó la sentencia en la que sostuvo que los alegados culpables violaron la Constitución de la República, la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y otras legislaciones.
Deploró que en Monseñor Nouel, a pesar de sus riquezas naturales y del trabajo de mujeres y hombres, solo el 68 % de la población recibe agua potable, lo cual atribuye a la corrupción rampante de los pasados gobiernos. Detalló que, en 2019, Monseñor Nouel fue la provincia número 24 de 32 en inversión pública con un indicador per cápita de 2,628 pesos.