El Ministerio Público iniciará el próximo jueves 3 de diciembre la presentación de unas 1,700 pruebas contra los seis implicados en el caso de corrupción relativo a los US$92 millones de sobornos que pagó la empresa constructora Odebrecht para lograr la adjudicación de obras públicas en el país.
Durante la continuación del juicio, el órgano de justicia demostrará que los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Andrés Bautista García, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, aumentaron sus patrimonios familiares en el período de 2002 a 2017, producto de las actividades ilícitas en connivencia con la compañía multinacional brasileña.
El grupo es acusado de cometer los delitos de sobornos, prevaricación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, así como de incurrir en actos ilícitos de funcionarios que se mezclan en asuntos incompatibles con su calidad y de complicidad de sobornos en el comercio y la inversión.
Esos delitos constituyen una violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.
El Ministerio Público cuenta con miles de pruebas documentales, materiales, testimoniales e ilustrativas, así como con actos procesales e interrogatorios para demostrar los graves hechos imputados en este caso de corrupción, incluyendo las delaciones premiadas obtenidas desde Brasil en el transcurso de la investigación.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, sugirió al tribunal que en virtud de que parte de los testigos que han ofertado son de nacionalidad brasileña, cite a un traductor judicial del portugués al español, para utilizarlo en caso de que sea necesario en esta etapa del juicio en la que se conocen las pruebas.
Junto al magistrado Camacho, representan al Ministerio Público en la litigación los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, así como los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.