Estados Unidos acusó al Gobierno Dominicano de limitar la independencia del Poder Judicial para conocer y sancionar actos de corrupción, así como de incurrir en la práctica de tortura y otras violaciones de los derechos Humanos.
De acuerdo con el Informe 2019 sobre Práctica de Derechos Humanos elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, “El gobierno no respetó la independencia judicial y la imparcialidad. La influencia inadecuada en las decisiones judiciales fue generalizada. La interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida. El poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial es un problema grave”.
El informe precisa que una de las formas más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se dieron cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de hábeas corpus para liberar personas detenidas.
Sobre la corrupción gubernamental, el informe señala que “La ley establece sanciones penales por corrupción por parte de funcionarios; sin embargo, el gobierno no implementó la ley de manera efectiva, y los funcionarios frecuentemente participaron en prácticas corruptas con impunidad. El fiscal general investigó a presuntos funcionarios corruptos”.
Y precisa que el mayor obstáculo para las investigaciones efectivas de casos de corrupción fue la falta de voluntad política para enjuiciar a las personas acusadas de corrupción, en particular las personas bien conectadas o los políticos de alto nivel. “La corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y una queja pública”, apunta.
El Departamento de Estado cita específicamente el caso de los sobornos por US$92 millones en pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos de obras públicas.
“La sociedad civil acogió con satisfacción el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar a fondo el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas del país”, subraya.