El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó al Congreso Nacional garantizar el derecho a la cesantía de los trabajadores dentro del Proyecto de Ley de Disolución del Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS) depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional.
A través de una misiva depositada , el gremio sugirió al Senado de la República realizar una enmienda al artículo 4 de la referida pieza, en el que se establezca la garantía del pago de la cesantía a los trabajadores.
El presidente del gremio, Miguel Surún Hernández, indicó que la enmienda debe hacer constar de manera clara y precisa, lo siguiente: “Que la presente Ley en modo alguno libera de la responsabilidad a los empleadores del pago de las prestaciones laborales y derechos adquiridos de los trabajadores contenidos en la Ley 16-92 del Código de Trabajo, todo lo contrario, las mismas quedan inalterables a cargo del empleador, de conformidad con el Código de Trabajo” y así poder garantizar de forma específica los derechos de los trabajadores dominicanos.
El presidente del CARD recordó que la Constitución de la República y acuerdos internacionales consagran y establecen la irreversibilidad en materia de derechos del trabajador, por lo que sería ilegal e inconstitucional, cualquier legislación que tienda a limitar, disminuir o coartar los derechos de los trabajadores, “lo cual sabemos que no es la intención del Poder Ejecutivo, mucho menos del Congreso Nacional, por lo cual, esperamos sea acogida nuestra recomendación, y se devuelva la tranquilidad al sector sindical”, dijo Surún.
Destacó que la pieza legislativa en general busca reforzar los derechos de los trabajadores y la institucionalidad de nuestro Sistema de Seguridad Social, que es la intención del presidente Danilo Medina, pero a pesar de esto hay que hacerle modificaciones.
Las recomendaciones del Colegio de Abogados fueron externadas a través de una carta dirigida al senador Arístides Victoria Yeb, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República y a todos los miembros de la Cámara Alta.
POR MARIA TERESA MOREL