El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional argumentó que «la posesión y la propiedad de tantos bienes muebles e inmuebles» por parte del mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, principal acusado del grupo de altos oficiales militares condenados, «en un claro esquema de lavado de activos«, justifica la sentencia a 20 años de prisión que se le impuso.
Luego de una larga descripción de las pruebas materiales, periciales y testimoniales que confirmaron la compra de fincas y apartamentos por Cáceres, la presidenta del tribunal, Esmirna Gisselle Méndez, aclaró, incluso que entre los bienes mencionados no figuran la totalidad que adquirió el militar durante ocho años de gestión (2012-2020) en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).
«Y no los hemos mencionado todos, sino solo aquellas operaciones relevantes respecto de los imputados para justificar la conclusión a la que hemos arribado», indicó Méndez.
El tribunal detalló que el grupo de altos oficiales, liderados también por los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, desviaban recursos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur), transformándolos en propiedades, certificados financieros, asociaciones y proyectos agropecuarios.
«El patrón fue claro. Los fondos no se mantuvieron en cuentas personales. No se utilizó para colocar propiedades a su nombre. Fueron transformados en inmuebles, fincas, certificados financieros, sociedades comerciales, asociaciones, proyectos agropecuarios y se intentó camuflajearlos a través de la adquisición de préstamos y compromisos», sostuvo la magistrada Méndez.