CÓRDOBA, Argentina .. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó en su informe anual sobre restricciones al acceso a la información pública y a actividades oficiales en la República Dominicana, así como al control de contenido en los medios audiovisuales.
La SIP, que celebra en Córdoba (Argentina) su 80ª asamblea anual, se refirió a los «desafíos» de la libertad de prensa en el país caribeño, los cuales están relacionados con la implementación de una ley sobre Libre Acceso a la Información Pública, las sanciones impuestas a los medios por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (Cnepr) y los riesgos potenciales asociados a la modificación de la Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En su informe, aún pendiente de aprobación, la SIP recordó que el Grupo de Medios Panorama denunció en mayo a los ministerios de Cultura y Agricultura, así como a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) y al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) por negarse a proporcionar información solicitada.
Un mes después, el periódico Diario Libre reportó que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) tardó más de seis meses en responder a una solicitud de información.
Otros medios, como El Día y Listín Diario, denunciaron la resistencia de funcionarios a entregar información pública, incluso en casos que no involucran datos sensibles.
El 25 de junio pasado, el presidente del país, Luis Abinader, llamó a los funcionarios a cumplir con sus obligaciones bajo esa ley libre acceso a la información pública, sin embargo, los medios continuaron reportando obstrucciones, subraya el informe de la SIP.
Además, los periodistas han sido impedidos de realizar su labor.
El 24 de julio Listín Diario condenó un incidente en el que a los corresponsales no se les permitió cubrir la inauguración de nuevos pabellones para migrantes en la localidad de Haina, a las afueras de Santo Domingo.
En su informe, la SIP también se refirió al proyecto de ley presentado en el Senado en septiembre pasado para modificar una ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras las preocupaciones expresadas por el organismo y diversos sectores al proyecto original por las implicaciones para la libertad de prensa y las fuentes confidenciales de información.
Se teme, subrayó la entidad, que algunas disposiciones del nuevo proyecto puedan ser utilizadas para aumentar el control gubernamental sobre los medios en lo relacionado con la vigilancia y la seguridad nacional.