El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó este lunes al exprocurador de la República Dominicana Jean Alain Rodríguez, a su esposa y sus hijos por las acusaciones que pesan en su contra sobre apropiación de fondos públicos, una acción con motivo al Día Internacional contra la Corrupción, que también abarca a más de una treintena de personas, incluidos exfuncionarios haitianos.
«De conformidad con la Sección 7031(c), el Departamento de Estado está designando públicamente a Rodríguez por su participación en corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura financiados por el Estado e instituciones gubernamentales», reza el documento compartido por la diplomacia estadounidense.
La sanción contra el exprocurador de la República también incluye a sus familiares directos, entre ellos su esposa María Isabel Pérez Sallent y los dos hijos menores de edad del matrimonio, detalla el comunicado.
¿En qué consiste la sanción contra Jean Alain y su familia?
El Departamento de Estado explica que el artículo 7031(c), en que sustenta la sanción al exfuncionario, establece que en los casos en que exista información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en actos significativos de corrupción o en una violación grave de los derechos humanos, esas personas y sus familiares inmediatos generalmente no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos y deben ser designados pública o privadamente.
El caso Medusa
Rodríguez fue apresado el 29 de junio del 2021 y días después la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso 18 meses de prisión preventiva, que cumplió en la cárcel de Najayo, la cual fue variada en enero de este año, por arresto domiciliario, uso de grillete electrónico y el pago de una fianza de 50 millones de pesos a través de una aseguradora.
Desde agosto de este año, puede salir dos veces a la semana a su oficina a trabajar, de 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa al exprocurador de encabezar una supuesta red que cometió actos fraudulentos a los fines de perjudicar y desfalcar al Estado dominicano, mediante el desvío de fondos que engrosaron su patrimonio y sirvieron para el financiamiento ilícito de campañas políticas. La supuesta red fue desmantelada mediante la Operación Medusa.