La red de doce personas detenidas en la Operación Gavilán llegó a borrar hasta ocho mil fichas, según precisa el Ministerio Público en la solicitud de medidas de coerción.
Aunque el esquema fraudulento comenzó antes, fue a partir de marzo del 2022 que comenzó la investigación de las autoridades.
El imputado Mártires Rosario Reyes, empleado de la Dirección de Tecnología de la Procuraduría, era la persona que recibía el dinero a cambio de borrar las fichas a personas con antecedentes penales.
Entre los depósitos que recibía en una cuenta del Banreservas rondaban entre RD$5,000 hasta RD$47,000 de parte de otros empleados de la Procuraduría que trabajaban en las fiscalías de Monte Plata, Independencia, La Romana, entre otras.
El expediente precisa que, al mes, Mártires Rosario Reyes acumuló hasta RD$200,000 por concepto de borrar fichas. Además de los empleados, también los usuarios hacían depósitos bancarios.
Específicamente, en los depositantes figuran Carlos Santa Abad, coordinador de la Fiscalía de Monte Plata, quien cobraba solo por referir el contacto con el hoy imputado Mártires Rosario Reyes. Otros que también les depositaron fueron Soni Adriano Rosario y Francis Aníbal Cuevas, de las Fiscalias de Independencia y Barahona, respectivamente.
En la investigación, el Ministerio Público interceptó a través de la orden de una jueza el teléfono del imputado Rubén Darío Morbán Santana, empleado de la Dirección de Tecnología, se verificó que Mártires Rosario Reyes y Alfredo Mirambeaux Villalona «ejecutaron el acceso ilícito para la alteración, borrado y afectación de las informaciones contenidas en la base de datos de la infraestructura tecnológicas de la Procuraduría General de la República conjuntamente con el imputado Rubén Darío Morban Santana», indica el expediente de 80 páginas de la solicitud de medida de coerción.