Tras verse acorralado por las imputaciones del Ministerio Público, el empresario gasolinero César Félix Ramos Ovalles optó por devolver al Estado 18,400,000 de pesos, dinero que -según las autoridades- obtuvo de las «transacciones golosas», y en cambio, fue excluido de las implicaciones.
La jueza Yanibel Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la solicitud de criterio de oportunidad que pidió el Ministro Público en favor de Ramos Ovalle.
En ese sentido, se extinguió la medida que había contra él. Tenía garantía económica, pero desde ya no tendrá que asistir a ninguna de las audiencias.
«Porque una vez este contactó la solidez de las imputaciones (…) fue movido por su conciencia a colaborar con el Ministerio Público y este es el resultado de su colaboración», manifestó Mirna Ortiz, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ramos Ovalle cumplió con los presupuestos y colaboró con las autoridades y enmendó su error con la devolución del dinero, expresó la fiscal.
Según la Pepca, entre 2019 y 2021, la empresa de Ramos Ovalle, Estación de Servicios La Marina S.R.L., fue favorecida con cuatro licitaciones para vender combustible a Cestur, actual Dirección Central de Policía de Turismo. La empresa recibía el pago, pero no entregaba ningún combustible. No obstante, el dinero era devuelto al imputado Rafael Nuñez de Aza a través de emisarios.
Tras la acusación, el empresario aceptó su responsabilidad y cooperó con el Ministerio Público.