La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra siete de los ocho imputados en la red que supuestamente captó más de RD$3,000 millones, a través de un esquema fraudulento denominado Investor Winner, desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La magistrada también acogió la solicitud del Ministerio Público, representado por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Enmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña, y declaró el caso complejo.
Los imputados Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquez D´ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez deberán cumplir la medida cautelares en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR17) Najayo Hombres. Mientras que Eridania García Veloz de Martínez, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez fueron enviadas a Najayo Mujeres.
A la imputada Lucía Martínez Colón le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos, a través de una empresa aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida.
La jueza Fátima Veloz pautó para el 12 de septiembre la revisión obligatoria de la medida cautelar.
Por falta de representante legal, la jueza decidió desglosar el conocimiento contra las 15 personas jurídicas implicadas.
¿Cómo operaba la red?
Según la investigación del Ministerio Público, la organización criminal prometía invertir el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10 % al 30 %.
La alegada red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas. Prometían rendimientos inusualmente altos y prácticamente imposibles de cumplir, seduciendo así a los inversores potenciales con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, mucho más allá de lo que se puede obtener en inversiones legítimas.
Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real fue menor al 15 % de lo captado.
El expediente señala que los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales. Los imputados usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes, mostrando una «aparente solidez financiera» mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.
También hacían creer a los estafados que contaban con los permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos, información que fue desmentida por estos órganos.