La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) tiene hasta hoy para depositar la acusación en contra del mayor general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán y el resto de imputados en el entramado de corrupción desarmado por la Operación Coral.

En febrero pasado, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, le otorgó dos meses al Ministerio Público para completar y depositar la acusación. El magistrado fijó para el 16 abril la fecha de vencimiento del plazo, pero fue movida al 18 de abril debido a la Semana Santa.

De no presentar acto inclusivo en el tiempo establecido por el tribunal, los representantes de la Pepca podrían ser intimados esta misma semana por el juez Raymundo Mejía para que cumplan con el depósito de la acusación formal o de lo contrario correrían el riego de que la acción penal sea declarada extinguida, como lo establece el Código Procesal Penal.

“Vencido el plazo de la investigación, si el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez en los cinco días siguientes, de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima, para que formulen su requerimiento en el plazo común de quince días. Si ninguno de ellos presenta requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal”, dice el artículo 151 de Código Procesal Penal.

La Pepca ha sido recurrente en la práctica de solicitar prórrogas en sus grandes investigaciones de corrupción y dejar vencer el plazo otorgado por el tribunal. Hacen esto como una táctica para ganar tiempo, lo que ha generado críticas de parte de abogados defensores de los imputados en los casos que están bajo investigación.

Recientemente la Pepca dejó vencer el plazo en el caso del fraude a la Lotería Nacional (Operación 13) y también lo había hecho en el caso Antipulpo (Alexis Medina). En ambos procesos depositaron después de intimación de los jueces.