Rafael Tomás Jaime
El jurista Eddy Alcántara denunció que con el expediente del alegado soborno por 3.5 millones de dólares pagados para facilitar la compra de ocho aviones del tipo Super Tucano a la empresa brasileña Embraer, ha tenido por objetivo esconder la sobrevaluación en la que se incurrió en el contrato de adquisición de los aparatos.
Durante su comentario en el programa «El Gobierno de la Tarde», de la Z101, Alcántara denunció que los 3.5 millones de dólares se habrían distribuido entre legisladores, luego que fuera sometido el proyecto de préstamos por 93.5 millones de dólares para comprar los aviones y descubrieran que había una supuesta sobrevaluación.
Según su denuncia, en la sobrevaluación estarían involucrados sectores del Palacio Nacional, principalmente de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, que alegadamente tenían conocimiento de la referida estafa con la que se afectaría al Estado dominicano.
Alcántara exigió que el escándalo con la compra de los ocho aviones, hecha en el 2008, no se quede en el alegado soborno, sino que se profundice, sean investigado funcionarios del Palacio Nacional, que de acuerdo a su denuncia tenían conocimiento de la transacción fraudulenta,y los presidentes de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara de Diputados de entonces que, según enfatiza, también se enteraron de la operación.
«Lo que no pueden decirle a este país es que los 3.5 millones de dólares fue para favorecer la compra. No, fue que los legisladores se dieron cuenta de la sobrevaluación y se comenzó a buscar los presidentes de las comiones de Hacienda de cada cámara para sobonrarlos y así esconder la sobrevaluación», remarcó Eddy Alcántara, comentarista de la Z101 y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
Criticó que la directora de la Procuraduría Especial para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, esté enfocada en el presunto soborno, y no profundizara las investigaciones y procediera a citar a los «señores» que estima estarían involucrados en la transacción.
Señala que el pago del soborno solo buscaba esconder la sobrevaluación y no facilitar la compra cual si fuera una operación normal.
Señala que el pago del soborno solo buscaba esconder la sobrevaluación y no facilitar la compra cual si fuera una operación normal.
«El Ministerio Público no puede dsecir que hay un expediente en base a los 3.5 millones de dólares, que fue el desembolso para sobornar a los legisladores, porque se debe tocar a quienes están detrás de la compra fraudulenta», reclamó Alcántara.