COLOMBIA. La presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), María Elvira Domínguez, emitió un mensaje por motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, este 3 de mayo, en el que dice que no es un día para celebrar por la situación que viven muchos periodistas en varios países de la región y la muerte de 26 periodistas en México, Brasil, Colombia, Honduras y Estados Unidos, desde mayo del pasado año.
“Hoy 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, no es un día para celebrar en nuestras Américas. No podemos celebrar cuando los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda siguen presos en Nicaragua sin debido proceso. No podemos celebrar cuando los regímenes autoritarios de Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, reprimen, censuran la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la libertad de reunión y a manifestarse de forma pacífica”, indica.
A la SIP le preocupa que en casi todos los países existen campañas de estigmatización, enarboladas por líderes democráticos que buscan restar credibilidad a la prensa para gobernar con mayores comodidades. “Tal como viene ocurriendo en Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos”.
“No podemos tener sosiego cuando las libertades de prensa y de expresión están asediadas por discusiones violentas que se dan en las redes sociales, así como por la polarización, por la diseminación tendenciosa de información que busca torcer elecciones mediante noticias falsas diseminadas por batallones de bots y cibermilitantes, acciones que ya se han incorporado como mecanismos normales en procesos electorales”.
Domínguez afirma, además, que no podemos tener serenidad cuando aún existe la tendencia de perseguir a periodistas para que revelen sus fuentes como en Canadá; se promueven proyectos de ley que afectarían el ejercicio del periodismo en Chile, Colombia y Costa Rica; se aplica en forma discriminada el derecho al olvido en Argentina, Chile y Costa Rica; se asfixia económicamente a los medios como en Bolivia; se restringe el acceso del público a la información gubernamental en casi todos los países o se criminaliza la opinión como en Perú y en Venezuela.