La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, presentó, ante la Secretaría del Ministerio Público, su “formal inhibición” para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente relativo a las personas procesadas por el caso Odebrecht.
Germán Brito definió su decisión como “coherente” con la postura que mantuvo cuando era jueza de la Suprema Corte de Justicia.
En una comunicación de prensa sostiene que su actuación “jamás deberá limitar la libre actuación, apegada a la Constitución, a la ley y a su conciencia, de cada miembro del Ministerio Público que intervenga en el conocimiento del proceso” por soborno.
En la nota de prensa, Sánchez Richiez explica, siempre citando el documento de la procuradora, que la inhibición se debe a que en el conocimiento de la medida de coerción, al momento de producir un voto disidente y siendo jueza, la magistrada Germán Brito emitió “juicios sobre la calidad de las investigaciones y sobre la pertinencia de las llamadas “delaciones premiadas”.
Añade que esa postura podría, eventualmente, “dar lugar a interpretaciones tendenciosas y alguna de las partes podría mirar lo expresado en la disidencia como una manifestación de parcialidad”.