El presidente Danilo Medina destituyó a Ricardo Jose Guzmán Domínguez y a Mayra Martínez de la Rosa, funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), luego de descubrirse que hubo sobrevaloración en la compra de equipos e insumos para tratar la pandemia del COVID-19 en el país.
Mediante el decreto 146-20, el mandatario designó a Kenia Lora como nueva directora del Inaipi, en sustitución de Berlinesa Franco, que renunció al puesto.
Los demás funcionarios destituidos son Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuell, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina Pietier, responsable de Acceso a la Información Pública.
Mientras nombró Kenia Lora Abrue, directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Instancia (INAIPI) en sustitución de Berlinesa Franco, quien renunció al puesto.
Mientras que Greybby María Cuello Coste de Torre fue designada directora general del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) en sustitución de Kenia Lora Abreu.
La decisión se tomó luego de que la comisión, integrada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; la directora general de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, y Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, encontrara la irregularidad en el proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002 para la compra de 40,000 kits de alimentación, en la cual se cometieron violaciones flagrantes a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones, según la investigación.
Durante la lectura del informe, Dario Espinal indicó que a dicha violaciones se suma, además, que se permitió la entrega de mercancías por parte de proveedores al margen de cualquier proceso de compra y sin ninguna documentación de respaldo. “Por estas circunstancias, debemos señalar que el Estado se ve imposibilitado de hacer efectivos los pagos a dichos proveedores, puesto que las entregas se realizaron al margen de la ley”, indicó.