El Consejo del Poder Judicial aprobó el uso de la firma electrónica en los procesos administrativos de los tribunales con el objetivo de reducir el tiempo necesario para aprobar las decisiones y agilizar su entrega de esos documentos a los usuarios.
La política aprobada el martes por el Consejo Superior del Poder Judicial, en su sesión ordinaria 014-2020, establece “las condiciones generales aplicables en la creación de documentos firmados electrónicamente, el valor que la institución le otorga a esos documentos, así como los mecanismos disponibles para la verificación de la legitimidad de estos documentos por parte de terceros”.
El organismo validó este instrumento marco, luego de un período de consulta y vistas públicas, abierto a la comunidad jurídica y a la ciudadanía del 12 al 27 de marzo. Durante el proceso de socialización, coordinado por la Dirección General Técnica, se recibieron comentarios y observaciones por parte de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, personas usuarias del servicio judicial, así como de los órganos de apoyo operativo del Poder Judicial.
De acuerdo con una nota institucional, con la aprobación de la política de firma electrónica del Poder Judicial, se inicia el proceso para el desarrollo del soporte tecnológico, que irá acompañado de programas de capacitación y sensibilización de los usuarios internos. Aclaran que su implementación no reemplaza los procedimientos establecidos en las normativas vigentes.