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El problema de la sobrepoblación  en los centros carcelarios y la gran cantidad de presos preventivos  ha sido producto de una errónea política penitenciaria de la que han  sido responsables todos los operadores del sistema  de justicia, afirmó el magistrado y especialista  en Derecho Penitenciario, Rafael Báez.

El catedrático universitario y juez de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional propuso  la elaboración de un censo nacional penitenciario para clasificar los procesos penales que tienen solución pronta y así buscarles alternativas a las penas. Esto es: suspensión de procedimiento, acuerdos y libertad condicional.

Asimismo, entiende que hay otros casos que pueden resolverse en la jurisdicción de instrucción, en el propio juicio, en el Tribunal de Ejecución de la Pena, con beneficio penitenciario y beneficio de trabajo.

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Rafael Báez, juez, catedrático y penitencialista

Báez, quien por muchos años se desempeñó  como Juez de Ejecución de la Pena, señala que de conformidad con la Regla  Mandela un centro penitenciario debe tener  500  o mil recluso como máximo, sin embargo,  La Victoria alberga 7 mil 582 reclusos.

Ante  el congestionamiento de internos en el tradicional modelo carcelarios,  sugiere un plan  de despoblación penitenciaria que  reduciría de forma significativa el número de   privados de libertad.

El experto en derecho penitenciario plantea varias alternativas al problema del congestionamiento en esos centros, sobre todo en los casos de baja trascendencia y relevancia, como robo simple y posesión de drogas.

“Esos muchachos,  que bien deberían estar en una escuela o recibiendo un tratamiento para alejarse del consumo de las drogas, en prisión no hacen nada. Creemos que eso lo que hace es aumentar, hacinar y desperdiciar una persona joven”, considero el magistrado.