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El problema de la sobrepoblación en los centros carcelarios y la gran cantidad de presos preventivos ha sido producto de una errónea política penitenciaria de la que han sido responsables todos los operadores del sistema de justicia, afirmó el magistrado y especialista en Derecho Penitenciario, Rafael Báez.
El catedrático universitario y juez de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional propuso la elaboración de un censo nacional penitenciario para clasificar los procesos penales que tienen solución pronta y así buscarles alternativas a las penas. Esto es: suspensión de procedimiento, acuerdos y libertad condicional.
Asimismo, entiende que hay otros casos que pueden resolverse en la jurisdicción de instrucción, en el propio juicio, en el Tribunal de Ejecución de la Pena, con beneficio penitenciario y beneficio de trabajo.
Báez, quien por muchos años se desempeñó como Juez de Ejecución de la Pena, señala que de conformidad con la Regla Mandela un centro penitenciario debe tener 500 o mil recluso como máximo, sin embargo, La Victoria alberga 7 mil 582 reclusos.
Ante el congestionamiento de internos en el tradicional modelo carcelarios, sugiere un plan de despoblación penitenciaria que reduciría de forma significativa el número de privados de libertad.
El experto en derecho penitenciario plantea varias alternativas al problema del congestionamiento en esos centros, sobre todo en los casos de baja trascendencia y relevancia, como robo simple y posesión de drogas.
“Esos muchachos, que bien deberían estar en una escuela o recibiendo un tratamiento para alejarse del consumo de las drogas, en prisión no hacen nada. Creemos que eso lo que hace es aumentar, hacinar y desperdiciar una persona joven”, considero el magistrado.