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“José Rodríguez fue víctima de un sistema disfuncional que opera en el CEA”

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El consultor jurídico del Poder Ejecutivo leyó el informe en el Palacio Nacional.

SANTO DOMINGO. “Los hechos ocurridos los días 14 y 15 de febrero de 2017 en la provincia San Pedro de Macorís, en los que fallecieron tres personas y una cuarta resultó gravemente herida, están directamente vinculados con las operaciones de compraventa de tres porciones de terrenos realizadas entre el CEA y el señor José Rodríguez”, así concluye la comisión encargada por el Poder Ejecutivo para investigar el caso, integrada por el consultor jurídico Flavio Darío Espinal; Lidio Cadet, director general de Ética e Integridad Gubernamental, y José Dantés Díaz, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado.

La comisión dice en su informe que “luego de dos años de iniciada la compra de los terrenos, y habiendo invertido todo el capital del que aparentemente disponía el señor José Rodríguez para la compra y acondicionamiento de los mismos, se vio afectado por los procesos dilatorios, excesivamente discrecionales, ineficientes e irregulares a los que fue sometido por parte del CEA”.

“En este sentido, podemos destacar la entrega de una porción de terreno que fue alegadamente reclamada por la comunidad de El Jagual para la construcción de un estadio de béisbol; la presentación de varias propuestas de reubicación formuladas en un corto plazo para solucionar el impasse citado con la comunidad; y la inviabilidad de la última propuesta de reubicación que le hizo, según los expedientes individuales suministrados por el CEA, dentro del proyecto de lotificación denominado María Gabriela. Informe sobre la compraventa de terrenos del CEA Página 17 Gerencia Inmobiliaria del Este, la cual había determinado que dicha reubicación procedía, toda vez que había realizado un levantamiento comprobando que esa porción de terreno no estaba vendida, pero que luego fue revocada por la Dirección Técnica del CEA debido a que supuestamente esa misma porción había sido vendida a otras personas”.

Agrega que “ante tales procesos irregulares, el señor José Rodríguez desiste de su interés de adquirir los terrenos y opta por la devolución del dinero pagado e invertido, por lo que el 6 de octubre de 2016 suscribe una comunicación que, de acuerdo a las declaraciones del Director Ejecutivo del CEA, fue elaborada por su secretaria debido a la imposibilidad del señor José Rodríguez de redactarla por sus propios medios. A partir de esa fecha, inicia la tramitación interna de la devolución de RD$ 119,500.00), descrita en el párrafo 41 del presente Informe, la cual culmina con la restitución de (RD$119,000.00), mediante un cheque entregado el 13 de enero de 2017”.

“José Rodríguez fue víctima de un sistema disfuncional que opera en el CEA”

“Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones del Director Ejecutivo del CEA ofrecidas durante sus dos entrevistas con la Comisión, la comunicación suscrita por el señor José Rodríguez fue elaborada en su despacho al día siguiente de una entrevista radial que concedió el día 9 enero de 2017 en la emisora 103.5 FM de San Pedro de Macorís, ocasión en la cual se le acercó el señor José Rodríguez para solicitarle la devolución del dinero; fecha que contradice totalmente las fechas de los diez documentos que sustentan el recorrido que agotó dicha solicitud a través de ocho (8) instancias del CEA en un período comprendido entre el 6 de octubre de 2016 al 13 de enero de 2017”.

“Además de lo anterior, el señor José Rodríguez había pagado al CEA la suma de RD$112,250.00 por concepto de solicitud de compra, tasación y mensura de terrenos y un 50% del inicial del precio de compra de una porción de terreno de 75 tareas en el ámbito de la Parcela No. 15-A, del D.C. 16/4, del municipio y provincia de San Pedro de Macorís, monto que no fue devuelto por el CEA ni solicitado por el señor José Rodríguez, de acuerdo a la documentación que compone el expediente de esta porción de terreno”.

Asimismo, “el señor José Rodríguez había pagado la suma de RD$395,989.23), precio total de la compra de una porción de terreno de 75 tareas en el ámbito de la Parcela No. 649, del D.C. 1, del Informe sobre la compraventa terrenos del CEA Página 18 municipio Ramón Santana, provincia de San Pedro de Macorís, monto que no fue devuelto por el CEA ni solicitado por el señor José Rodríguez, de acuerdo a la documentación que compone el expediente de esta porción de terreno”.

La comisión dice que “un cuando recibió una información verbal de parte de la Gerencia Inmobiliaria del Este, no sustentada en documentos, de que el señor José Rodríguez habría vendido a terceros las porciones de terrenos citadas en los numerales 5 y 6 de este apartado, según lo que se registra en los estados de cuenta del cliente, de fecha 21 de febrero de 2017, las mismas continúan registradas a nombre del señor José Rodríguez. Hay que notar que el CEA no pudo suministrar a La Comisión ninguna documentación que avale las citadas reventas que supuestamente hiciera el señor José Rodríguez y el consecuente cambio de cliente en los sistemas de registro”.

¿Por qué mató a los locutores? Un enigma
¿Por qué mató a los locutores? Un enigma

“Las razones por las cuales el señor José Rodríguez terminó descargando su frustración e ira de manera violenta contra los señores Leónidas Martínez, Luis Manuel Medina y Dayana García permanecerán, probablemente, como un enigma indescifrable”. “Lo que sí puede decirse es que el señor José Rodríguez fue víctima de un sistema disfuncional, nada transparente y seriamente cuestionable desde el punto de vista ético que opera en el CEA, causándole una enorme fhistración, angustia y desesperación, lo que, a su vez, le llevó al punto que lamentablemente desencadenó los hechos trágicos que causaron las muertes de los señores Leo Martínez y Luis Manuel Medina, así como su propia muerte y las heridas graves de la señora Dayana García. A La Comisión no le consta si al momento de cometer dichas acciones el señor Rodríguez se encontraba o no bajo la influencia del alcohol o de sustancias prohibidas pero, por las informaciones recabadas de testigos de excepción, al parecer no estaba bajo dichos efectos”.

Recomienda enviar informe al Ministerio Público

La comisión recomendó que su informe se envíe al Ministerio Público para “que determine si en estas operaciones de ventas de terrenos y/o en los hechos que desencadenaron las mismas quedó comprometida la responsabilidad penal de cualquier actor público o privado que, directamente o no, haya intervenido, en la misma”.