La muerte de tres hombres bajo custodia policial obligó al Gobierno a anunciar y acelerar la ejecución de un conjunto de medidas que conforman la transformación de la Policía Nacional.

El anuncio lo hizo, José Vila del Castillo, el comisionado para la reforma policial, quien vaticinó que este conjunto de medidas, que aunque aún no tienen fecha de implementación, podrán garantizar la integridad física y los derechos humanos de las personas arrestadas por agentes.

De manera inmediata, el Gobierno dispone la instalación de cámaras en todos los destacamentos y patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 9-1-1.

En el Ministerio de Interior y Policía funcionará un centro de control y monitoreo de los cuarteles que junto a la Departamento de Asuntos Internos se garantizará la investigación pronta y rigurosa de los casos que se den. Además, se dotará a la Inspectoría General de mayores capacidades de control e instrucción de casos.

También las patrullas tendrán instaladas en sus teléfonos el Sistema Policial de Consulta Criminológica para la «depuración no intrusiva y respetuosa» de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad.

Para la revisión y mejora de la inspectoría de tráfico se dispuso la creación de un centro nacional de control de tránsito .

El plan acelarará la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, comenzando por los altos cargos de la Policía Nacional, se implementará en el organismo guías obligatorias de actuación, basada en la responsabilidad descentralizada así como la implantación de medidas urgentes de formación complementaria a todos los agentes en tres áreas, como: gestión de crisis, derechos humanos y actuación policial y uso de la fuerza y del ejercicio de la autoridad.

Entre las medidas, también figura ratificar, previo acuerdo parlamentario, e implementar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que dará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional; y obligará al Estado a cumplir con los estándares internacionales en la materia. «Para ello, en los próximos días, solicitaremos el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, e iniciaremos con él los trabajos», aseguró Vila del Castillo.