La Procuraduría General de la República informó este lunes que declinará a la Fiscalía del Distrito Nacional el expediente judicial del proceso penal contra el exviceministro de la Juventud, Odalis Ledesma Hernández, por presuntamente haber incurrido en abuso sexual en perjuicio de la ciudadana canadiense, Joanna Linda Kocsis, debido a que tras ser destituido por el Poder Ejecutivo el pasado 7 de septiembre, el imputado perdió el privilegio de jurisdicción.
La Procuraduría explicó en nota de prensa que, a estos fines, el 27 de septiembre pasado, el procurador general adjunto, Víctor Robustiano Peña, remitió una certificación oficial del decreto presidencial número 340-18, al juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Juan Hirohito Reyes Cruz, quien tiene a su cargo la Instrucción Especial de este caso, para que proceda a desapoderarse.
“Inmediatamente el juez de la SCJ se desapodere, las diligencias procesales de este caso, pasarán a estar bajo responsabilidad de la Fiscalía del Distrito Nacional, la que tal y como ha hecho hasta el momento el Ministerio Público, continuará adelante con el mismo, bajo estricto apego a lo que establecen las leyes del país”, informó la Procuraduría.
El pasado jueves 27 de septiembre el Ministerio Público fue puesto en conocimiento de que el juez de la Instrucción Especial, Juan Hirohito Reyes Cruz, autorizó mediante resolución del día 7 de ese mismo mes, la solicitud para medidas investigativas, que le había sido presentada el 6 de febrero de este año, por el procurador general adjunto, Víctor Robustiano Peña.
Esta autorización permite al Ministerio Público tramitar la Carta Rogatoria de Cooperación Jurídica Internacional a las autoridades de Canadá, para que suministren a ese organismo el kit para casos de violaciones que, según la señora Kocsis, se encuentra depositado en el Women’s College Hospital de Canadá.
También, el juez aprobó solicitar que sea remitida la denuncia formal de la supuesta agresión sexual que habría sido presentada ante el servicio policial Regional del Niágara en Canadá, que la denunciante pueda presentar su testimonio a través de un medio tecnológico o de video conferencia.