El economista Andrés Dauhajre hijo afirmó que el Gobierno ha sido “´prudente y cauteloso” en el manejo de la economía y las finanzas públicas ante la crisis sanitaria del Covid-19, y en ese contexto defendió la inversión de RD$40,000 que hizo el Ministerio de Hacienda con una emisión de bonos por ese monto, basada en la redención de 12 certificados que las AFP tenían depositados en el Banco Central.
Al mismo tiempo, sostuvo que en esa operación ni el Gobierno ni las AFP no ganaron “absolutamente nada” y que en cambio los trabajadores obtendrán mayor rentabilidad en sus cuentas de capitalización. Asimismo, calificó de “populista, absurda y engañosa” la propuesta de entregar a los trabajadores el 30% de sus propios ahorros destinados originalmente para pensiones.
En un documento en que analiza de forma amplia y munuciosa toda la situación de la economía nacional ante la pandemia del coronavirus y las medidas adoptadas, Dauhajre indicó que la propuesta del 30% generaría una inyección de liquidez en la economía de RD$175,000 millones, mientras el impacto de los RD$40,000 millones sería “mínimo” en términos de posibles presiones inflacionarias.
Al abundar en su análisis sobre la forma en que el Gobierno ha manejado la crisis sanitaria, el economista afirmó que “si hubiera querido rentar políticamente la pandemia, como señalan algunos, habría aumentado el gasto público en 4% del PIB, dándole no menos de 11,000 pesos mensuales a todos los trabajadores y hogares de bajos ingresos durante 4 meses”.
En su exposición titulada “desahorro del 30% versus inversión de RD40,000 millones” y específicamente sobre los beneficios que obtendrán los trabajadores, Dauhajre señaló que la rentabilidad por la operación realizada aumentará en RD636 millones al año, mientras se mantienen “intactos” sus ahorros.
De esta forma, reiteró su desacuerdo con la idea de utilizar el 30% de los fondos de pensiones que han planteado y defendido algunos diputados, tras recordar que los principales sindicalistas del país, entre los que cita a Pepe Abreu de la CNUS, Gabriel del Río de la CASC y Jacobo Ramos de la CNTD han calificado esa propuesta como “un engaño para que los trabajadores paguen la crisis”.