El Colegio Dominicano de Periodista (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la prensa, calificaron de peligrosa, la agresión fue fueron víctima los periodistas, camarógrafos, fotógrafos y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, mientras realizaban una visita al Centro de Retención de vehículo de motor en el denominado El Canódromo El Coco.
Aurelio Henriquez, presidente del CDP, dijo que esta agresión es un atentado a la libertad de prensa, y un acción que será condenado a nivel nacional e internacional, contrario a la política que ejecuta el presidente Luis Abinader, quienes en varias oportunidades ha garantizado que en su gobierno se respetará un ejercicio de la prensa libre y sin limitaciones para que los periodistas realicen su trabajo con independencia.
Henríquez dijo que “si esta agresión es a El Defensor Pueblo, quien una figura de carácter Constitucional, que sería a los decenas de miles de dominicanos, que han perdidos sus vehículos en ese centro de retención y que ninguna autoridad le responda por ese daño”.
Mientras que el secretario general del SNTP Jose Beato, teme que dentro de grupos policiales, como la DIGECET y de Seguridad Penintenciaria, existan grupos o elementos interesados en producir choques e inconvenientes con la prensa y los medios de comunicación, contrario a la actitud del presidente Luis Abinader, quien promueve y practica un ejercicio de prensa libre.
Beato lamenta que los agentes de la DIGESETT, hayan sustraídos los equipos con materiales informativos y que están en disposición de querellarse con las empresas y los equipos de trabajadores de la prensa agredidos.
La retención de material informativo lacera el ejercicio libre del periodismo y es un desafío a la constitución de la Republica y a los pactos y convenios internacionales, por lo que exige sanciones contundentes de parte de las autoridades contra los agresores de la prensa y la defensoría del pueblo.
El presidente del CDP, Aurelio Henríquez, dijo que esa es una agresión inaceptable, reprochable, una práctica común en los miembros de la Policía Nacional, quienes a diario violan los derechos fundamentales de los usuarios de los vehículos de motor que son llevados a ese centro.