Atacaran a quienes den alojamiento y trabajo a haitianos indocumentados

Por Abed-nego Paulino

Ante el paso de inmigrantes irregulares haitianos al país por la zona fronteriza y la propuesta del presidente Luis Abinader de construir una verja perimetral, la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad Nacional del Senado se reunió este jueves junto a la Dirección General de Migración, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y  representantes del transporte fronterizo con el objetivo de regular esa práctica.

El director general de Migración, Enrique García, destacó que el organismo enfrentará la inmigración irregular y  habrá consecuencias para los responsables, ya que  trabajará enfocado en “atacar” a quienes transportan los ilegales, a quienes le dan trabajo y quienes les alquilan viviendas.

«Hay tres factores que nosotros vamos a atacar fuertemente en la inmigración ilegal: quienes transportan los ilegales, quienes le dan trabajo a los ilegales y quienes les alquilan viviendas. Nosotros vamos a atacar esos tres factores, porque nosotros entendemos que atacando la génesis del problema vamos a lograr poco, ir limpiando a nuestro país de la gran cantidad de ilegales que tenemos», señaló García.

Asimismo, el incumbente de Migración aseguró que respetarán los derechos de los indocumentados y el debido proceso al cumplir con la iniciativa, pero que actuarán en la obligación de salvaguardar la frontera y seguridad nacional, como deber del Estado.

También dijo que «es normal que los haitianos quieran pasar para” la República Dominicana en momentos de incertidumbre como el que viven actualmente, sin embargo,  advirtió que “quien logre entrar, nosotros somos responsables de expulsarlos del país, si están en un estatus ilegal”.

El funcionario reveló que en el centro de la Capital hay cuatro camionetas que circularán en la zona metropolitana, unas 18 horas al día para recoger a todo inmigrante ilegal.

Sobre los 100 millones de dólares que se llevaría la construcción de la verja perimetral, anunciado por el canciller Roberto Álvarez,  y las lluvias de críticas en sectores de la oposición, el servidor público entiende que la seguridad nacional no tiene precio.