POR AP
BUENOS AIRES — La expresidenta argentina Cristina Fernández, varios ex funcionarios y empresarios, entre ellos ejecutivos de dos de las compañías más poderosas del país, y un ex juez fueron acusados formalmente de participar de un sistema de recaudación ilegal de dinero implementado desde lo más alto del poder político a cambio de adjudicar obras públicas durante 12 años.
El juez federal Claudio Bonadío imputó a Fernández los delitos de “asociación ilícita en calidad de jefa, admisión de dádivas en 22 hechos… y cohecho pasivo en cinco hechos” entre 2003 y 2015, periodo que incluye sus dos mandatos y el de su marido y antecesor Néstor Kirchner, fallecido en 2010.A su vez le impuso un embargo de 4.000 millones de pesos (equivalentes a casi 100 millones de dólares).Fernández, de 65 años, no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios.
En caso de que la justicia solicite su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo poco probable porque el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.Si bien con éste ya suma seis procesamientos en distintas causas judiciales, es difícil aventurar el fin de la carrera política de Fernández, quien continúa siendo la dirigente opositora más popular y mejor perfilada para las elecciones generales de 2019, según coincidieron encuestas en las últimas semanas.
El magistrado además ordenó el procesamiento del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y otros exfuncionarios de ese ministerio, así como de varios empresarios del rubro energético y de la construcción, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri.
También dos altos ejecutivos del Grupo Techint, un conglomerado de empresas del rubro energético y metalúrgico, entre otros, que opera en distintos países; y del Grupo Roggio, ligado a negocios de infraestructura y servicios.
En total se trata de 42 procesados entre exfuncionarios y empresarios, sobre los cuales se trabó un embargo a cada uno también por 100 millones de dólares. Sólo 12 fueron eximidos del pedido de prisión preventiva.
En su resolución, Bonadío sostuvo que entre 2003 y 2015 operó en Argentina “una colusión de funcionarios y empresarios que hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro… y todo esto se hizo para distribuir coimas (sobornos) a funcionarios corruptos”.