Sale libre después de 11 años en prisión por crimen que no cometió

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San Juan, (INS).- Después de cumplir 11 de los 85 años a que había sido condenado a prisión por un crimen que no cometió, el dominicano Aníbal Reyes Rojas finalmente se encuentra de regreso en el hogar de su familia en Santurce, donde ha comenzado el proceso de reconstruir su vida en plena libertad.

Un recurso de solicitud de remedio y nulidad de sentencia presentado el 2 de marzo de 2017 en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón, por Elba Nilsa Villalba Ojeda, que resolvió el pasado 14 de febrero la jueza superior Vivian Durieux Rodríguez, devolvió la libertad a Reyes Rojas, de 39 años.

El contratista independiente, sin embargo, todavía tuvo que tragar amargo porque a pesar de que en la misma fecha la magistrada ordenó su excarcelación inmediata, el documento anduvo “extraviado” por siete días a pesar de los reclamos de la abogada Villalba Ojeda para que se entregara, conoció la agencia Inter News Service (INS).

Al emitir su resolución, la jueza Durieux Rodríguez estableció que “en ánimo de hacer justicia… este tribunal declara Ha Lugar la Moción Informativa en Solicitud y Solicitando Remedio: Nulidad de Sentencia”, a pesar de la oposición esgrimida por el Ministerio Público el 25 de agosto de 2017 por considerar “tardía” la petición.

“No es hasta 2017, casi seis años después de ser resuelta la apelación y casi diez años después de haber terminado el juicio, que se solicita se aplique a este caso la norma judicial establecida”, dijo el Ministerio Público en referencia al caso Pueblo v. Jesús Camacho Delgado, supra.

La jueza, que celebró la vista argumentativa el pasado 8 de febrero, explicó que luego de un análisis detenido del expediente judicial, y de los argumentos de las partes, la norma es de aplicación retroactiva a aquellos casos que no tuvieran una sentencia final y firme.

En el caso de Reyes Rojas, natural de Nagua –en el nordeste de la costa de la península de Samaná en la República Dominicana–, la letrada Villalba Ojeda pudo sostener que el encarcelamiento penitenciario era contrario a la ley y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, “pues priva al peticionario de su libertad sin un debido proceso de ley”.